Monterrey, Nuevo León. – Una comitiva integrada por vecinos de distintos fraccionamientos del sector Cumbres se presentó en el recinto legislativo estatal con el propósito de exigir que avance la modificación de los límites territoriales entre los municipios de Monterrey y García. La petición busca poner fin a un proceso administrativo que se ha prolongado por más de dos años, y afecta la certidumbre jurídica y la documentación oficial de las familias que habitan en la zona limítrofe.
Durante su visita al Congreso local, los ciudadanos fueron recibidos por la diputada Lorena de la Garza, quien manifestó su respaldo institucional a la demanda vecinal para que el expediente legislativo sea turnado y votado en el Pleno. La legisladora señaló que los ayuntamientos involucrados ya cumplieron con la aprobación de los acuerdos correspondientes, por lo que el proceso se encuentra en una etapa avanzada para su formalización y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.
“Sabemos lo complicado que es para ustedes vivir en los límites territoriales, con algunos asuntos de un lado y otros del otro, y las dificultades que esto genera con las autoridades. Para nosotros también es importante que el proceso avance. Prácticamente está todo listo para que se concrete”, expresó la representante popular ante los asistentes.
El origen del conflicto radica en las discrepancias generadas por la ubicación geográfica de los desarrollos inmobiliarios en la franja fronteriza entre ambas demarcaciones. Los residentes explicaron que realizan el pago del impuesto predial correspondiente a la administración municipal de Monterrey; sin embargo, al momento de tramitar identificaciones oficiales, como la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, su domicilio queda registrado bajo la jurisdicción del municipio de García.
Dalia Rentería, residente de Cumbres Platinum, y Diana Reyna, vecina de Gran Reserva Cumbres en el sector Himalaya, detallaron las dificultades que han enfrentado durante este extenso periodo. Ambas señalaron que la organización vecinal ha sido clave para coordinar a los habitantes de diversas privadas en la búsqueda de soluciones conjuntas con las autoridades municipales y los representantes legislativos.
“Tenemos dos años con este tema. Hemos ido de un fraccionamiento a otro, buscando apoyo entre todos para sacar adelante este largo proceso. Nos han acompañado y ahora por fin vemos la luz al final del camino”, puntualizó Rentería al relatar las gestiones realizadas.
Diana Reyna añadió que la incongruencia administrativa afectaba trámites esenciales desde el momento en que adquirieron sus viviendas. “Desde que compramos nuestras casas pagábamos el predial en Monterrey, pero cuando hacíamos algún trámite, como sacar la credencial del INE, nos aparecía un código postal de García. Esa era la discrepancia que teníamos”, indicó.
En el marco de estas gestiones, la regidora del municipio de Monterrey, Karla Romero, informó que presentó una propuesta de iniciativa orientada a establecer plazos obligatorios en los futuros procedimientos de modificación de límites territoriales. La propuesta pretende obligar a los ayuntamientos a remitir sus convenios al Congreso dentro de plazos claramente definidos, y evita que otras familias de la entidad tengan que enfrentar procesos burocráticos tan prolongados.
Romero subrayó que la coordinación institucional entre Monterrey y García fue fundamental para destrabar el caso específico de Cumbres, por lo que consideró indispensable concluir los trámites legislativos pendientes. “Se ha avanzado muchísimo y hubo voluntad política de ambos municipios, tanto de Monterrey como de García. Lo que buscamos es que el tema llegue al Pleno y, posteriormente, se publique”, puntualizó la regidora.
Con esta resolución, los habitantes de Cumbres esperan obtener la unificación de sus registros catastrales y oficiales, asegurando claridad jurídica sobre la jurisdicción territorial a la que pertenecen y optimizando la prestación de los servicios públicos municipales correspondientes. El siguiente paso recaerá en el Congreso del Estado, instancia que deberá concluir la revisión del expediente para determinar su votación en el Pleno.
Fuente: Tribuna