Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este 21 de octubre de 2026 la reforma que la oposición bautizó como Ley Antimemes, con 312 votos a favor y 119 en contra. El bloque de Morena, PT y PVEM la respaldó sin cambios, pese a que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pidieron incluir una excepción explícita para proteger usos periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, de parodia, sátira, crítica u opinión.
El punto que detonó la polémica fue la incorporación del artículo 403 Bis al Código Penal Federal, además de cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Ese nuevo artículo establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con el fin de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.
Además, el debate legislativo también incluyó otro frente: reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, en particular al artículo 114 Octies y la adición de los artículos 114 Nonies y 232 Septies, sobre la responsabilidad de proveedores de servicios de internet ante infracciones en materia de derechos de autor. La discusión sigue en reservas.
¿Qué aprobó la cámara y por qué generó controversia?
La mayoría defendió que la reforma busca frenar fraudes y suplantaciones de identidad institucional en internet. Sin embargo, la oposición sostuvo que el texto deja conceptos amplios y ambiguos que podrían abrir la puerta a castigar publicaciones críticas o satíricas si no se incluye una salvaguarda expresa.
Durante la sesión, legisladores opositores colocaron memes y pancartas en sus curules y ofrecieron votar a favor si se añadían cuatro líneas para excluir de sanción los usos con fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos, de crítica u opinión. La propuesta fue rechazada.
El diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, llamó a la reforma Ley Bozal y afirmó que el artículo 403 Bis no define con claridad qué debe entenderse por documento oficial o identidad gráfica. Según su argumento, eso permitiría que el Ministerio Público interprete como delito conductas no descritas de forma expresa en la ley.
Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una moción suspensiva para modificar el dictamen e incluir la excepción para usos periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos, de crítica u opinión. El pleno la rechazó.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, cuestionó que se sancione el uso de identidad gráfica institucional con intención de cometer un delito sin precisar cómo se probará esa intención. También criticó que se atribuya la reforma a obligaciones del T-MEC, al señalar que ese acuerdo se refiere a marcas y piratería. Además, advirtió sobre el alcance del artículo 433, que fija hasta diez años de cárcel para quien sea encontrado con mercancía en un puesto semifijo o en la vía pública, lo que, dijo, podría afectar a comerciantes informales y ambulantes.
La defensa de Morena: fraude, piratería y suplantación de identidad
El diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, rechazó que se trate de una ley contra memes o caricaturas. Sostuvo que el objetivo es combatir el fraude mediante la suplantación de la identidad gráfica de dependencias públicas y proteger a creadores y emprendedores.
Como ejemplo, citó una alerta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) por páginas falsas que suplantaban su identidad, así como un caso de 2024 en el que personas transfirieron recursos a un sitio que engañaba al público.
Ávila Anaya afirmó que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir la piratería, la falsificación y fortalecer la reparación del daño. También aseguró que el dictamen cumple compromisos comerciales sin incrementos presupuestales ni nuevas cargas regulatorias, y que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia.
¿Qué cambia para Internet y qué sigue en el proceso legislativo?
Además del artículo 403 Bis, el dictamen aprobado en lo general contempla cambios sobre la responsabilidad de proveedores de servicios de internet ante infracciones de derechos de autor cometidas por usuarios. Entre las medidas planteadas están la obligación de contar con políticas para la terminación del servicio a usuarios reincidentes en determinadas infracciones y supuestos de responsabilidad cuando los proveedores incumplan la ley.
La aprobación en lo general no cierra el proceso. El dictamen todavía pasa por la discusión de reservas, donde pueden plantearse modificaciones al texto antes de su definición final. Por ahora, el debate se concentra en dos preguntas: si las nuevas reglas realmente combaten fraudes y piratería, y si su redacción ofrece garantías suficientes para evitar afectaciones a la libertad de expresión y a los contenidos que circulan en redes sociales.
Fuente: Tribuna