Ciudad de México.- La presidencia de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) volvió al centro de la controversia por un nuevo señalamiento: Jonathan Navarrete Torres, registrado como su chofer, aparece desde el 28 de junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo investigada por presuntas irregularidades. El caso escaló hasta la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió aclarar los hechos y transparentar la información.

El episodio no llega aislado. Se suma a una cadena de cuestionamientos que han marcado la gestión de Taddei desde que asumió la presidencia del INE en abril de 2023: la reforma conocida como ‘Ley Taddei’, disputas por nombramientos, señalamientos de posibles conflictos de interés y una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre una red de siete empresas proveedoras del INE y organismos locales.

El caso del chofer y la empresa proveedora que reactivó los cuestionamientos

De acuerdo con los registros citados en las publicaciones, Jonathan Navarrete Torres recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg mediante el acta 64225000P0, otorgada por Rodolfo Higareda Coen, representante de la compañía. Esa facultad le permitía actuar ante autoridades federales, estatales y municipales, así como en instancias civiles, judiciales y administrativas.

Los registros oficiales indican que Navarrete fue contratado como conductor de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un ingreso mensual de 45 mil 765 pesos por trasladar a la consejera presidenta “de manera segura y eficiente”, pero no habría declarado su relación como apoderado de la empresa. En ese documento, su empleo anterior fue asentado como conductor de Mercedes-Benz.

El caso abrió nuevas dudas porque Corporativo Zeg y Cajas Graf, vinculadas a los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, concentran parte del mercado de materiales electorales y han sido objeto de investigaciones y señalamientos. Según las fuentes, ambas empresas aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo.

Además, Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE entre septiembre de 2025 y abril de 2026, también figuró como representante legal de Corporativo Zeg y Cajas Graf en 2023. El 20 de enero de 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por presunto conflicto de interés y abuso de funciones, y después dejó el cargo en medio de la polémica.

Otro elemento que alimentó los cuestionamientos fue el uso de una camioneta BMW blindada para trasladar a Taddei entre finales de 2025 y abril de 2026. La consejera presidenta explicó que la Chevrolet Captiva asignada al organismo se había descompuesto y que el otro vehículo era prestado, aunque, según los reportes citados, no se aclaró si ese préstamo tenía relación con la empresa proveedora en la que aparecen Navarrete y García González.

La investigación de la UIF y los contratos que amplían el caso

La UIF mantiene una investigación sobre una red de siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de factureras. De acuerdo con la información publicada, actualmente hay al menos 70 cuentas bancarias bloqueadas, mientras que entre 2023 y 2024 fueron bloqueadas más de 400 cuentas de 13 personas físicas y 7 empresas como parte de la indagatoria.

Entre las firmas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. También se investiga el flujo de recursos hacia empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las publicaciones también vinculan esta red con contrataciones previas en organismos electorales estatales. En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del instituto electoral local, otorgó a Zeg un contrato por 32 millones de pesos; después fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE. En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del instituto electoral estatal, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf; tres años después llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE con respaldo de Taddei.

La indagatoria también alcanza el paso de Taddei por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEES), donde, según los reportes, desde 2012 las empresas del grupo ya hacían negocios con la autoridad electoral local. Incluso se menciona un contrato de casi 200 millones de pesos para proveer urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio de 2024, ganado por Corporativo Zeg en una operación en la que apareció como representante Jesús Octavio García González.

La ‘Ley Taddei’ y los nombramientos que tensaron al Consejo General

Una de las controversias más relevantes de la gestión de Taddei comenzó en octubre de 2024, cuando una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le otorgó facultades para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin aprobación previa del Consejo General. Esa modificación fue conocida públicamente como la ‘Ley Taddei’.

La reforma provocó inconformidad entre consejeros electorales, que promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que el cambio podía debilitar los contrapesos internos del Instituto. Sin embargo, en enero de 2026, la nueva integración de la Corte desechó la impugnación por la vía jurídica utilizada, con lo que el esquema de nombramientos quedó vigente.

Las diferencias internas continuaron en mayo de 2026, cuando algunos consejeros cuestionaron designaciones por criterios de paridad de género y por la experiencia de los perfiles elegidos. Uno de los casos más señalados fue el de Mario Alberto Alejo García, designado al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización. Taddei defendió el proceso y rechazó que esos cuestionamientos definieran las decisiones del organismo.

El equilibrio interno del INE también cambió con la renovación del Consejo General en abril de 2026. Salieron Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala, y se integraron Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez. Taddei describió ese relevo como el inicio de una “nueva etapa” para el Instituto, en un contexto en el que el organismo ya se preparaba para las elecciones de 2027.

Los antecedentes en Sonora y los señalamientos por relaciones políticas

Antes de llegar al INE, Taddei encabezó el Instituto Electoral de Sonora. Sobre esa etapa, se reportó que la institución rentó oficinas a Inmobiliaria Alta Sierra, empresa vinculada con la familia del entonces gobernador Alfonso Durazo, por un monto anual de 1.23 millones de pesos.

Otro señalamiento involucró a su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien en 2025 pasó de una oficina jurídica en Sonora a ocupar el cargo de secretario particular del gobernador Durazo. Aunque ese caso generó cuestionamientos sobre las relaciones políticas y familiares alrededor de la consejera presidenta, las fuentes revisadas no presentan prueba de una intervención directa de Taddei en esa contratación.

En conjunto, estos episodios explican por qué la gestión de Guadalupe Taddei sigue bajo escrutinio: el detonante inmediato fue el caso de Jonathan Navarrete Torres y Corporativo Zeg, pero el trasfondo incluye cambios legales, nombramientos controvertidos y una investigación financiera que alcanza a proveedores, exfuncionarios y contratos ligados al sistema electoral.

 

Fuente: Tribuna