Monterrey, Nuevo León. – Durante una sesión ordinaria llevada a cabo en el recinto legislativo, el Pleno del Congreso del Estado dio luz verde a un dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el cual fue presentado ante los legisladores por la diputada Bertha Alicia Garza. Esta modificación estructural en la normativa local busca erradicar las discrepancias normativas que existían entre las distintas entidades federativas del país en el tratamiento de este ilícito, permitiendo una persecución más eficaz y coordinada entre las instituciones de seguridad.
La reforma aprobada contempla específicamente la derogación del artículo 395 del Código Penal de Nuevo León, el cual regulaba anteriormente las sanciones estatales aplicables a la extorsión. El decreto legislativo integra diversas modificaciones complementarias al primer párrafo y a las fracciones I y II del artículo 291 del mismo ordenamiento legal, además de incorporar una fracción III a dicho precepto normativo para robustecer el marco general de protección ciudadana frente a conductas intimidatorias.
De acuerdo con la exposición presentada durante la discusión parlamentaria, esta armonización jurídica responde a la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de noviembre de 2025. Con la implementación de este nuevo esquema normativo nacional, se busca establecer un tipo penal único en todo el territorio mexicano que permita homologar tanto las penas aplicables como los criterios operativos de investigación para combatir este flagelo social.
En este sentido, el marco legal reformado establece que la tipificación del delito abarca aquellas conductas en las que se utilicen mecanismos de coacción o intimidación. Esto incluye a quienes, por cualquier medio —incluyendo herramientas electrónicas o digitales—, amenacen a un ciudadano con causarle un mal en su persona, integridad física o psicológica, bienes, honor o derechos, así como afectar a personas con quienes la víctima mantenga algún vínculo cercano de carácter personal o familiar.
La normativa contempla sanciones severas para quienes recurran a la intimidación con el propósito explícito de impedir que un ciudadano ejerza un acto al que tiene derecho, obligarlo a ejecutar conductas de carácter delictivo, o bien para obtener un lucro o provecho económico indebido en beneficio propio o de un tercero. Estas disposiciones buscan combatir conductas delictivas complejas y de alto impacto social, tales como el denominado ‘cobro de piso’ y otras modalidades extorsivas que afectan la seguridad patrimonial, la paz pública y la tranquilidad de la población en el estado.
Durante los posicionamientos en tribuna, los representantes populares subrayaron que la creación de este tipo penal único a nivel nacional facilitará la actuación de las autoridades procuradoras de justicia. Al eliminarse la disparidad de criterios legales que existía entre los estados, se optimizará la coordinación interinstitucional y se cerrarán posibles vacíos jurídicos que históricamente dificultaban el combate a las redes de extorsión. Con este paso legislativo, Nuevo León se adhiere al nuevo paradigma federal en la persecución y sanción de este delito, transfiriendo su fiscalización definitiva hacia las instancias federales correspondientes.
Congreso de Nuevo León deroga delito de extorsión para trasladarlo al fuero federal
Fuente: Tribuna