Miami, Estados Unidos.- La contratación de médicos cubanos en México entró de nuevo en la discusión bilateral con Estados Unidos luego de que la congresista republicana María Elvira Salazar pidiera revisar el tema en el marco del T-MEC. En una carta fechada el 22 de octubre de 2026 y dirigida al representante comercial estadounidense Jamieson Greer, la legisladora acusó al Gobierno de México de permitir presuntas prácticas de trabajo forzado en un programa que, según dijo, involucra a más de 3 mil profesionales de la salud de Cuba.

La petición cobra relevancia porque llega en vísperas de la revisión del tratado comercial. El 2 de octubre, la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) abrió una consulta pública para preparar la revisión conjunta del acuerdo prevista para 2027, con fecha límite del 12 de enero de 2027 para recibir comentarios. Salazar busca que Washington use ese proceso para pedir explicaciones a México y presionar por el fin del programa.

¿Qué acusa María Elvira Salazar sobre el programa de médicos cubanos?

En su carta, Salazar sostuvo que el esquema de contratación presenta rasgos asociados con trabajo forzado, como separación de las familias, restricciones a la libertad de movimiento y retención de una parte considerable de los salarios por parte del gobierno cubano.

La congresista afirmó que algunos médicos recibirían apenas 5 por ciento de la remuneración destinada a sus servicios, aunque otras versiones públicas de la denuncia han hablado de hasta 10 por ciento. También aseguró que el Gobierno mexicano paga directamente al gobierno de Cuba, y no a los trabajadores.

En su mensaje, Salazar pidió a Greer que informe a las autoridades mexicanas que, a su juicio, el uso de “trabajo forzado cubano” viola el T-MEC y que solicite desmantelar el programa. La legisladora, representante del distrito 27 de Florida, dijo además que ha advertido durante años sobre este tema, incluso desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dice el T-MEC y por qué el caso no está resuelto?

El argumento de Salazar se centra en el capítulo 23 laboral del T-MEC. En particular, cita el artículo 23.3, que obliga a los países a adoptar y mantener medidas para eliminar todas las formas de trabajo forzoso, y el artículo 23.8, que exige proteger a los trabajadores migrantes sin importar su nacionalidad.

También menciona el artículo 23.6, relacionado con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzado. Sin embargo, esa disposición se refiere de manera expresa a mercancías, no a servicios médicos, por lo que una eventual aplicación al caso requeriría un análisis jurídico y una evaluación formal de pruebas.

Hasta ahora, la carta de Salazar es una solicitud política y no una determinación oficial de que México haya violado el tratado. De acuerdo con la propia USTR, para avanzar en un reclamo de este tipo Estados Unidos tendría que determinar si existe evidencia suficiente y creíble de incumplimiento.

La postura del gobierno mexicano y los antecedentes del caso

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el programa el 8 de octubre al afirmar que los médicos cubanos “están contratados de manera directa” y reciben salarios equivalentes a los de sus colegas mexicanos. También sostuvo que su presencia ayuda a cubrir la falta de personal de salud en localidades apartadas.

Sin embargo, un reportaje publicado el 6 de octubre por El Toque reportó que un contrato individual revisado por ese medio establece una relación laboral con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), mientras IMSS-Bienestar aparece como institución receptora. Según ese testimonio, habría retrasos en pagos y restricciones para hablar con personas ajenas a la brigada o con la prensa sin autorización.

Las acusaciones también coinciden con observaciones previas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Su Informe sobre la Trata de Personas 2025 señaló que México mantenía un acuerdo contractual con el gobierno cubano para contratar personal de salud y advirtió que no había informado medidas para prevenir trabajo forzado entre ese personal. El documento mencionó retenciones salariales, confiscación de pasaportes, vigilancia y amenazas en programas cubanos de exportación de trabajadores.

A esto se suma un informe publicado el 7 de abril de 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que identificó denuncias de retención de ingresos, jornadas extensas y restricciones a la circulación en misiones médicas cubanas en el exterior, con indicios que podrían configurar trabajo forzoso.

¿Qué sigue en la revisión del tratado?

Por ahora, no hay una respuesta pública de Jamieson Greer ni el anuncio de un procedimiento comercial específico contra México. Tampoco existe una resolución que obligue a modificar o cancelar el programa.

Lo que sí está sobre la mesa es que la revisión del T-MEC en 2027 podría convertirse en un nuevo espacio de presión política sobre la contratación de médicos cubanos. Si el tema avanza, el debate no solo tocaría las obligaciones laborales del tratado, sino también el impacto en las comunidades mexicanas que hoy dependen de esos especialistas para cubrir vacantes en zonas con falta de personal.

 

Fuente: Tribuna