Ciudad de México.- El reclutamiento de menores por el crimen organizado en México ya se mueve con fuerza en redes sociales. Una investigación de la Universidad Iberoamericana detectó 100 cuentas vinculadas con actividades delictivas en TikTok; de ellas, 47 por ciento tenía como función principal captar personas y en uno de los videos analizados se registraron 868 comentarios de usuarios que pedían información para incorporarse.
El hallazgo se suma a alertas de especialistas sobre el uso de TikTok, Facebook, Instagram y videojuegos para enganchar a adolescentes con falsas ofertas de trabajo, promesas de dinero y contenidos que exaltan la violencia. De acuerdo con la periodista y académica del Iteso, Alejandra Guillén, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscan captar a jóvenes desde los 13 y 14 años, aprovechando la precarización económica y la falta de oportunidades.
El problema, advierten las investigadoras, ocurre sin que México tenga un registro oficial específico de niñas, niños y adolescentes reclutados por organizaciones criminales, lo que impide dimensionar con precisión el fenómeno y diseñar políticas de prevención y atención suficientes.
¿Cómo operan las ofertas falsas para captar adolescentes?
El cuadernillo Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, explica que la captación puede comenzar con una publicación en redes, una invitación de un conocido o una aparente oportunidad laboral, y terminar en explotación, encarcelamiento, desaparición o muerte.
El documento reúne aportaciones de Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas); Alejandra Arias Vásquez, del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México; y Marisol Ochoa Elizondo, académica de la IBERO, en una sesión moderada por Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana.
Según la investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, 54.3 por ciento de las cuentas analizadas estaba vinculado con el CJNG, 47 por ciento se utilizaba principalmente para reclutar personas y 31 por ciento para difundir propaganda.
Las publicaciones detectadas siguen al menos tres modalidades:
- Anuncios directos para incorporarse a grupos delictivos.
- Videos musicales que generan identificación emocional y facilitan el contacto por comentarios.
- Contenidos que exhiben armas, vehículos y estilos de vida asociados con el narcotráfico.
En algunos casos, las supuestas vacantes ofrecen salarios elevados, alojamiento, alimentación, capacitación y gastos de traslado. En entrevistas retomadas por MVS Noticias, Alejandra Guillén señaló que estas promesas incluyen ingresos falsos de hasta 12,000 pesos mensuales o 4,000 pesos semanales, dirigidos a jóvenes que buscan apoyar a sus familias o seguir estudiando.
La especialista añadió que el reclutamiento también puede darse mediante amistades, familiares, conocidos e incluso invitaciones en entornos escolares. Además, advirtió que esta red opera desde hace al menos una década con ranchos de adiestramiento, casas de seguridad y puntos de llegada como la Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque.
¿Qué tan extendido está el problema y por qué preocupa?
Las investigadoras subrayan que el reclutamiento no se explica sólo por la pobreza. También afecta a adolescentes que van a la escuela y viven con sus familias. Entre los factores de riesgo mencionan la violencia familiar, el abandono escolar, la falta de oportunidades educativas y laborales, la exposición cotidiana a actividades criminales y la ausencia de vínculos afectivos sólidos.
Elena Azaola Garrido explicó que durante la adolescencia existe una fuerte necesidad de construir identidad, obtener reconocimiento y pertenecer a un grupo, condiciones que pueden ser aprovechadas por las organizaciones criminales. La captación, dijo, no siempre inicia con una invitación abierta a delinquir, sino con pequeñas gratificaciones, dinero, videojuegos o promesas de protección que generan dependencia.
Marisol Ochoa Elizondo advirtió que niñas, niños y adolescentes son utilizados para tareas operativas y de control territorial, como vigilancia, traslado de mercancías y participación en enfrentamientos armados. Por su parte, Alejandra Arias Vásquez expuso que las estrategias digitales prometen beneficios económicos y reconocimiento social para facilitar el contacto.
El cuadernillo también presenta datos que muestran la gravedad de la violencia contra esta población. Entre 2020 y 2024 se registraron 6 mil 837 defunciones por agresiones contra personas de cero a 17 años. Además, 7 mil 941 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos entre 2019 y 2024 continuaban sin ser localizados en septiembre de 2025.
Al 8 de junio de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 126 mil 524 reportes históricos de desaparición o no localización de menores de edad, de los cuales 18 mil 104 seguían sin localizar. Siete de cada diez tenían entre 12 y 17 años cuando desaparecieron.
Las especialistas aclaran que estas cifras no significan que todos los casos correspondan a reclutamiento criminal, pero sí funcionan como indicadores indirectos de la violencia que enfrenta esta población ante la falta de estadísticas específicas.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), citada en el documento, estimó que entre 388 y mil 84 adolescentes estaban privados de la libertad en 2024 por delitos asociados con la delincuencia organizada. Además, calculó que el número estimado de adolescentes probablemente reclutados aumentó 20.6 por ciento entre 2023 y 2024.
¿Qué falta hacer y qué dicen las leyes?
El estudio sostiene que México no cuenta con un delito federal autónomo de reclutamiento de menores por la delincuencia organizada. Aunque el 5 de marzo de 2026 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para aumentar las penas por corrupción de menores cuando el objetivo sea incorporarlos a grupos criminales, la minuta seguía pendiente en el Senado al cierre del cuadernillo.
En el ámbito estatal, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes y Jalisco ya habían aprobado disposiciones penales relacionadas con el reclutamiento de menores, aunque con alcances distintos.
Las especialistas plantean que los adolescentes reclutados deben ser reconocidos como víctimas de explotación, incluso si fueron obligados a participar en actividades delictivas. También piden crear mecanismos de protección, desvinculación y reintegración para que puedan salir de estas redes y reconstruir sus proyectos de vida.
Entre las propuestas del Programa de Seguridad Ciudadana están crear un registro oficial, investigar las modalidades de captación digital, fortalecer los mecanismos de protección y desarrollar programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes. También recomienda capacitar a docentes, familias y autoridades para identificar señales de reclutamiento y escuchar a estudiantes mediante instrumentos de consulta en las escuelas.
El documento recupera además una investigación según la cual reducir a la mitad el reclutamiento podría disminuir 25 por ciento las muertes semanales vinculadas con organizaciones criminales, mientras que duplicar la capacidad de detención no impediría que estos grupos buscaran reemplazar a sus integrantes.
Para Alejandra Guillén, los esfuerzos locales son insuficientes por la movilidad de los cárteles entre estados como Zacatecas y Sinaloa, por lo que urgió al Gobierno Federal a impulsar una estrategia nacional para desmantelar estas estructuras.
Fuente: Tribuna
