Monterrey, Nuevo León. – La coordinación del Partido Verde en el Congreso de Nuevo León, encabezada por la diputada Claudia Chapa Marmolejo, fijó postura en torno a la propuesta de viaje institucional a España, señalando que los legisladores interesados en acudir a dicho evento deben asumir los costos correspondientes para salvaguardar el erario público.

La iniciativa original contempla el desplazamiento de una comitiva integrada por hasta diez legisladores hacia la ciudad de Madrid, del 25 de noviembre al 2 de diciembre del 2026. El objetivo formal de la visita consiste en participar como observadores internacionales en el desarrollo del proceso electoral español, tras una invitación emitida por la organización civil Transparencia Electoral. Dicha convocatoria fue extendida a los cuarenta y dos integrantes del Poder Legislativo local, así como a personal técnico y asesores de las diferentes bancadas.

La postura de Chapa Marmolejo surge en un contexto marcado por una intensa agenda legislativa en el estado. Entre los asuntos prioritarios que concentran el debate y los trabajos de las comisiones se encuentran la revisión y discusión del Presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2027, el avance de las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como las comparecencias y análisis derivados de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno. Estos compromisos institucionales exigen la presencia y dedicación plena de los representantes populares en el recinto parlamentario de Monterrey.

La legisladora indicó que, hasta el momento, la información compartida con los coordinadores de los grupos parlamentarios se ha limitado a notificar la existencia de la invitación, sin detallar la estructura operativa final de la comitiva ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizaría el traslado.

“Yo creo que para que no hubiera afectaciones ni tema de gastos de aquí del Congreso, sería opinión de cada uno como diputado si quiere ir a vivir la experiencia y que nos hiciéramos cargo cada quien de nuestros gastos”, externó la coordinadora del Partido Verde al cuestionar el uso de recursos públicos para este tipo de comisiones internacionales.

Conforme a los esquemas preliminares planteados al interior del Poder Legislativo, se contemplaba que el Congreso cubriera los costos de traslado aéreo, hospedaje y determinados alimentos, mientras que cada participante pagaría una cuota aproximada de trece mil pesos por concepto de inscripción y acceso a las actividades del programa electoral extranjero.

Chapa Marmolejo refirió que algunos legisladores ya han manifestado su decisión de declinar la invitación debido a incompatibilidades de agenda y compromisos en el ámbito local, en tanto que otros evalúan su participación. El debate en torno al financiamiento de misiones legislativas al extranjero vuelve a poner sobre la mesa el escrutinio público del manejo presupuestal en el Congreso de Nuevo León, así como la exigencia de criterios de austeridad y priorización del gasto en beneficio de la ciudadanía.

La participación en misiones de observación electoral internacional es una práctica común entre cuerpos legislativos que buscan conocer buenas prácticas de gobernanza, modernización institucional y sistemas de votación en democracias consolidadas. Sin embargo, el financiamiento de estas delegaciones por parte de los congresos estatales genera discusiones en torno a la racionalidad del gasto público y la pertinencia de destinar recursos a actividades formativas ajenas a la resolución inmediata de los problemas locales.

En el caso específico de Nuevo León, la discusión sobre el uso de recursos públicos adquiere relevancia debido a los retos presupuestales que enfrenta la administración estatal para el cierre de año y la planeación del próximo ejercicio fiscal. La exigencia de austeridad por parte de diversas fuerzas políticas busca evitar cuestionamientos ciudadanos sobre la prioridad de las agendas institucionales frente a las necesidades de la entidad.

El posicionamiento de la diputada Claudia Chapa Marmolejo añade un elemento de debate interno en el Poder Legislativo neoleonés, condicionando la viabilidad de la representación institucional a la responsabilidad financiera individual de cada diputado, un criterio que podría influir en la decisión final de los legisladores convocados a realizar el viaje transatlántico en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna