Monterrey, Nuevo León. – El pasado 30 de octubre de 2026 se publicó formalmente en el Diario Oficial de la Federación la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, introduciendo un precepto de fondo que toda sociedad mercantil debe asimilar con urgencia preventiva: la regla 2.5.25. Esta disposición oficial faculta a cualquier persona física que figure indebidamente en las bases de datos del Registro Federal de Contribuyentes como socia, accionista o representante legal de una empresa cualquiera para exigir al Servicio de Administración Tributaria la corrección inmediata de su expediente. La autoridad hacendaria cotejará los instrumentos protocolizados, podrá formular los requerimientos directos a la fe pública notarial y otorgará a la sociedad un término sin prórroga de quince días hábiles para desahogar aclaraciones, habilitando hasta tres requerimientos sucesivos.

Hasta este ejercicio vigente, la información corporativa asentada ante el fisco se trataba exclusivamente en el aviso complementario que la persona moral tramitaba tras celebrar sus asambleas generales. A partir de ahora, el procedimiento de fiscalización puede detonarse a instancia de un tercero legítimamente interesado, por ejemplo: un antiguo accionista inconforme, un consejero que presentó su renuncia o algún apoderado legal que quedó desligado o que fue sustituido y cuyo cambio jamás se notificó ante la autoridad hacendaria. Una cesión de partes sociales rezagada en los archivos de la empresa, ahora se convierte en una discrepancia crítica, toda vez que las inconsistencias en la integración societaria constituyen la antesala de multas y de la temida restricción de los Certificados de Sello Digital, es decir, el bloqueo total para facturar y cobrar.

El paquete normativo incorpora dos adecuaciones determinantes: al presentar avisos de fusión, escisión o liquidación mercantil, la entidad pierde de forma automática el uso de sus sellos, por lo que toda la facturación de cierre debe emitirse con antelación estricta; a la par, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asume las atribuciones para cancelar o suspender de oficio el RFC de entidades inactivas, condicionando cualquier reactivación a una comparecencia presencial.

El mandato práctico es contundente y claro antes del cierre fiscal: auditar los libros de socios y actas notariales, cotejarlos contra el portal del RFC y corregir desajustes mediante las declaraciones correspondientes. El orden corporativo dejó de ser un simple formalismo para constituir una condición innegociable de viabilidad operativa.

Fuente: Tribuna