Monterrey, Nuevo León. – El Buen Fin 2026 cerró con una novedad jurídica que pasó casi desapercibida. El viernes 13 de noviembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que transforma cómo México persigue la falsificación de marcas. Entró en vigor al día siguiente, por lo que la mercancía comercializada ese fin de semana ya operó bajo las nuevas reglas.

El ajuste medular es procesal y tiene efectos inmediatos. Anteriormente, la falsificación y venta de apócrifos se perseguían únicamente por querella: sin denuncia y seguimiento del titular de la marca, la indagatoria no prosperaba. Desde el 14 de noviembre de 2026, la falsificación y el comercio de mercancía pirata a escala comercial se persiguen de oficio; basta que la autoridad tenga conocimiento del hecho para investigar, sin esperar acción de la empresa afectada.

La ley define ‘escala comercial’ a partir de 170 Unidades de Medida y Actualización —unos 20 mil pesos vigentes—, permitiendo acumular envíos realizados en un lapso de 90 días. Con ello se neutraliza la táctica de fraccionar mercancía en lotes pequeños para evadir controles. El equipaje personal queda excluido, pero la norma alcanza productos bajo control aduanero.

La responsabilidad penal trasciende a fabricantes y vendedores, alcanzando a quienes financian la operación o suministran insumos. Prestar capital, bodegas, maquinaria o materia prima a redes de falsificación deja de ser un riesgo ajeno. La venta callejera conlleva penas de dos a seis años de prisión, elevándose de cuatro a diez años en establecimientos, comercio electrónico o esquemas organizados.

Para los titulares de marca surge una herramienta robusta: además de la reparación del daño —mínimo el 40 por ciento del precio público del producto legítimo—, pueden reclamar una indemnización resarcitoria de entre 340 y 50 mil UMA (entre 40 mil y 5.8 millones de pesos) sin acreditar pérdida peso por peso. Se tipifica con uno a cinco años de cárcel el uso indebido de identidad gráfica, dominios o documentos de entes públicos como el SAT o el IMSS.

Ante este escenario, las empresas propietarias de marcas deben auditar con sus abogados los casos detectados, pues bajó el costo de persecución y subió el incentivo. Quienes importan, revenden o operan en línea deben blindar su trazabilidad con contratos, licencias y facturas vigentes. Hoy, desconocer el origen de la mercancía dejó de ser excusa; la temporada alta apenas inicia y, por primera vez, también para el combate frontal a la piratería.

Fuente: Tribuna