Ciudad de México.- Un juez federal modificó este viernes 24 de julio la medida cautelar impuesta al exprocurador Jesús Murillo Karam en uno de los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa. La resolución, emitida por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, sustituyó la prisión domiciliaria por un esquema de resguardo en su domicilio, monitoreo mediante brazalete electrónico y restricciones de movilidad, al considerar que el proceso penal se ha extendido por más de dos años por causas ajenas al imputado.

Estas son las nuevas restricciones

Como parte de la resolución, Murillo Karam deberá permanecer bajo resguardo en su domicilio, portar un brazalete electrónico y no podrá salir de la Ciudad de México sin autorización. Además, tendrá prohibido acercarse a las víctimas del caso o reunirse con personas distintas a sus familiares. Con esta determinación también dejará de contar con vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional y podrá acudir a consultas médicas sin requerir autorización judicial previa.

Defensa argumentó exceso en la duración del proceso

Durante la audiencia, la defensa del exfuncionario solicitó revisar la medida cautelar con base en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la necesidad de analizar la prisión preventiva cuando una persona ha permanecido privada de la libertad por más de dos años. También expuso que el estado de salud del exprocurador requiere atención médica constante. El juez concluyó que la duración del proceso obedece al trámite de diversos recursos legales y no a acciones atribuibles al acusado.

Aún enfrenta otro proceso penal

Pese a la modificación de la medida cautelar en este expediente, Jesús Murillo Karam continúa sujeto a un segundo proceso penal relacionado con el caso de Felipe Rodríguez Salgado, ‘El Cepillo’, en el que permanece bajo prisión domiciliaria. En la causa vinculada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos por su presunta participación en la construcción de la llamada “verdad histórica”, investigación que sigue en curso.

 

Fuente: Tribuna