Monterrey, Nuevo León. — El 1 de julio de este año pasó algo a lo que deberíamos prestar más atención de la que le prestaron los noticieros esa semana: México, Estados Unidos y Canadá se sentaron a hacer la primera revisión obligatoria del T-MEC, y Estados Unidos decidió no respaldar su extensión automática hasta 2042. El tratado sigue vivo; no se rompió nada. Sin embargo, la forma en que continúa vigencia cambió por completo, y muy pocos estamos hablando de lo que eso realmente significa para la economía que todos damos por sentada.

Hasta hace unas semanas, el T-MEC representaba una de esas certezas que un país rara vez tiene: dieciséis años de reglas claras, garantizadas por un tratado, que sostienen 3.1 billones de dólares de comercio tripartito —casi el 16 por ciento del comercio mundial—. México le vendió a Estados Unidos 534,874 millones de dólares en 2025 —cifra récord— y se consolidó como su socio comercial número uno, por encima de China y Canadá. Ese es el motor real detrás de cada fábrica que se inaugura en el Bajío, cada parque industrial que se llena en el norte y cada empleo formal que se crea al mes en este país. Y ese motor acaba de perder su garantía de dieciséis años.

Lo que viene ahora, en cambio, es un mecanismo de revisión anual que se extenderá hasta 2036. Traducido al lenguaje de negocios: lo que antes era un contrato firmado a largo plazo, hoy es una renovación que hay que negociar cada doce meses, con Washington sentado del otro lado de la mesa evaluando si le sigue conviniendo lo pactado. Esa diferencia —entre la certeza de largo plazo y la revisión constante— constituye, para cualquier inversionista serio, un cambio en el perfil de riesgo del país entero, no un mero tecnicismo diplomático.

El primer sector donde ya se siente el temblor es, justamente, el que más ha sostenido la narrativa del nearshoring: el automotriz. En la ronda de negociación de mayo, Estados Unidos propuso elevar el contenido regional obligatorio de los vehículos del 75 por ciento al 82 por ciento, pero con una vuelta de tuerca que rompe la lógica que ha regido a la industria norteamericana desde los tiempos del TLCAN: exigir que la mitad del valor de cada vehículo provenga específicamente de territorio estadounidense, excluyendo a Canadá del conteo. Esta semana, mientras usted lee esta columna, la tercera ronda de negociación bilateral se lleva a cabo en la Ciudad de México con este tema todavía sin resolver sobre la mesa.

Si esa propuesta avanza tal cual, no será un ajuste técnico: será una redefinición de lo que significa fabricar en Norteamérica. Y eso importa muchísimo aquí, porque buena parte del capital que ha llegado a Monterrey, Saltillo o Querétaro en los últimos tres años se instaló asumiendo que las reglas actuales de contenido regional eran el terreno de juego permanente. Cambiar las reglas a mitad del partido no expulsa a México del tratado, pero sí puede hacer que la próxima planta que iba a instalarse en territorio nacional se lo piense dos veces.

Aquí quiero ser claro en algo que suele perderse en el ruido político: esto no es una historia de México contra Estados Unidos. Ambas delegaciones calificaron la primera ronda como positiva, y México ostenta una posición de negociación genuinamente fuerte —somos, otra vez, el socio comercial más grande de Estados Unidos—. Sin embargo, tener la posición más sólida en la mesa no equivale a tener garantizado el resultado, sobre todo cuando la contraparte necesita la autorización de su propio Congreso para negociar cambios sustantivos y cuando, de por medio, hay una elección legislativa estadounidense este mismo año que puede mover el tablero completo.

Esto llega, además, en un momento en que la economía mexicana no tiene mucho margen para absorber sorpresas: el PIB se contrajo 0.6 por ciento en el primer trimestre del año y el FMI recortó su estimado de crecimiento para 2026 de 1.6 por ciento a 1.2 por ciento. No estamos hablando de un país con una economía sobrecalentada que pueda darse el lujo de una negociación comercial larga y desgastante. Hablamos de un país que necesita que esta revisión se resuelva rápido y bien, precisamente porque no tiene un plan B de esa dimensión.

¿Qué debería significar todo esto para usted, si tiene un negocio, administra una tesorería o está decidiendo dónde invertir en los próximos cinco años? Que el riesgo comercial con Estados Unidos dejó de ser un tema exclusivo del Gobierno federal y de las cámaras empresariales, para convertirse en una variable que hay que monitorear con la misma disciplina con la que se vigila el tipo de cambio o la tasa de Banxico. No para entrar en pánico —el tratado sigue vigente y probablemente lo seguirá estando—, sino para dejar de tratarlo como un dato fijo del entorno y empezar a abordarlo como lo que ya es: una negociación en curso, con resultados abiertos, que se definirá ronda por ronda durante los próximos meses.

Durante años nos acostumbramos a preguntar por la tasa de interés, por el tipo de cambio y por la inflación antes de tomar una decisión de inversión en este país. A partir de este julio, hay una pregunta más que debemos sumar a la lista y que probablemente se quedará ahí durante la próxima década: ¿qué dijo Washington en esta ronda?

Fuente: Tribuna