Monterrey, Nuevo León. – Especialistas en temas medioambientales y colectivos ciudadanos hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para diseñar e implementar un plan urgente de ordenamiento territorial integral que detenga la proliferación de asentamientos irregulares y el crecimiento inmobiliario no regulado en el Cerro de la Silla.
La bióloga Lizeth Álvarez, impulsora del proyecto de educación y conservación ambiental ‘Tulipán del Monte’, señaló que la degradación constante de la zona vulnera las funciones ecológicas del macizo montañoso, el cual cuenta con la categoría federal de Monumento Natural desde su decreto en 1991. Álvarez explicó que las presiones urbanísticas afectan no solo las cuencas hidrológicas y la cobertura vegetal compuesta por encinares y nogaleras, sino que expulsan de su hábitat natural a diversas especies faunísticas.
Entre las consecuencias directas de esta fragmentación del ecosistema se encuentra el incremento en el avistamiento de ejemplares de oso negro en zonas urbanizadas de los municipios periféricos y metropolitanos, derivado de la reducción de su área natural de alimentación y desplazamiento. La especialista añadió que en el polígono también habitan especies bajo estatus de protección especial, tales como el jaguarundi, dos variedades de murciélagos, reptiles y aves rapaces locales.
El diagnóstico coincide con denuncias comunitarias presentadas por residentes de zonas aledañas, como la colonia Praderas de la Silla en Guadalupe, donde vecinos han documentado la delimitación no autorizada de aproximadamente 50 terrenos sobre áreas forestadas, sin que hasta el momento se cuente con la intervención contundente de las autoridades de desarrollo urbano y protección al ambiente.
Ante este panorama, activistas y expertos recomendaron incrementar de manera considerable las partidas presupuestales destinadas a personal guardaparques, establecer cercos reales de vigilancia permanente y revisar los límites de amortiguamiento de los decretos de protección, invitando al mismo tiempo a los compradores de vivienda a no adquirir predios sin certeza jurídica y ecológica validada.
Fuente: Tribuna