Paraguay.- El Congreso de Paraguay destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña en un juicio político marcado por el escándalo de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, intervenida esta semana por el Banco Central de Paraguay tras comprobar que había caído por debajo de los mínimos exigidos de solvencia. Con la decisión, el exmandatario pierde la posibilidad de convertirse en senador vitalicio con fueros y queda expuesto a posibles responsabilidades penales en la investigación que ya realiza la Fiscalía.
La votación se dio después de que Peña presentara su renuncia el jueves. La oposición sostuvo que ese movimiento buscaba evitar la persecución penal por su papel en la gestión del banco, con el que estuvo vinculado al menos hasta 2025. Como sucesor asumirá el entonces vicepresidente Pedro Alliana.
¿Qué decidió el Senado y por qué cambia el escenario para Peña?
De acuerdo con los reportes, el Senado de Paraguay declaró culpable a Peña por mal desempeño de funciones en un juicio político celebrado en su ausencia. La destitución fue aprobada con el voto favorable de los 44 senadores presentes, en una decisión unánime según los reportes citados.
El ahora exmandatario, de 47 años, no acudió al Legislativo pese a haber sido convocado personalmente. En su representación comparecieron los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron su defensa técnica y jurídica.
La decisión del Congreso tiene un efecto político y judicial inmediato. El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Al ser destituido, Peña ya no accede a esa figura ni a los fueros asociados.
El detonante: la crisis de Ueno Bank y el impacto en ahorradores
La crisis se aceleró cuando el Banco Central de Paraguay ordenó un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank. Según la información disponible, la institución tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y recibió durante el mandato de Peña millonarios recursos de entidades públicas.
El caso escaló además por las denuncias de miles de ahorradores que reportaron no poder acceder a su dinero. Entre ellos estaban 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, una de las principales cajas de pensiones del país.
Durante el juicio político, los diputados que actuaron como acusadores denunciaron la pérdida de 1.200 millones de dólares del “pueblo paraguayo” tras el cierre de Ueno Bank. Ese señalamiento se convirtió en uno de los ejes más duros del proceso contra el presidente.
La renuncia fallida y lo que viene tras la destitución
Antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad. “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, escribió.
Sin embargo, el Congreso no resolvió esa renuncia por falta de cuórum, por lo que Peña permanecía formalmente en el cargo hasta que avanzó el juicio político. Si su dimisión hubiera sido aceptada, habría pasado a ser senador vitalicio y habría conservado inmunidad parlamentaria, que solo podría retirarse mediante otra votación legislativa.
Con la destitución, Paraguay suma un nuevo episodio de alta tensión institucional. Peña se convierte en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay removido del poder mediante juicio político, después de Fernando Lugo, quien gobernó entre 2008 y 2012.
Fuente: Tribuna
