China.- La primera cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, celebrada el 19 de noviembre en Shenzhen, cerró con una “declaración de paz” que cuestiona a la Corte Penal Internacional (CPI) y defiende la inmunidad de los jefes de Estado. Sin embargo, el documento no anula ni modifica la orden de detención internacional contra Putin, emitida por la CPI en marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

El texto conjunto evitó mencionar de forma directa a Ucrania, pese a que la guerra rusa se acerca a su quinto año. En cambio, incluyó cuatro ejes: la advertencia de que una guerra nuclear “no se puede ganar”, el compromiso de aumentar la producción y distribución de productos petroleros refinados, el llamado a reformar la ONU y la exigencia de respeto a la inmunidad de los mandatarios, con una crítica a que la CPI “no debe extralimitarse” en sus competencias.

¿Qué acordaron Trump, Xi y Putin en Shenzhen?

La reunión reunió por primera vez en un mismo formato a los líderes de Estados Unidos, China y Rusia. Como anfitrión, Xi presentó el encuentro como un hecho “fundacional” y advirtió que unos 60 conflictos regionales siguen abiertos en el mundo, mientras describió el armamento nuclear como una “espada de Damocles” sobre la humanidad.

Trump buscó proyectarse como negociador y aseguró que los tres estaban “escribiendo la historia”. También adelantó que propondría un debate sobre la reducción del arsenal atómico, aunque la Casa Blanca moderó después las expectativas de un posible acuerdo.

El documento, difundido por el Kremlin, también señaló que los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados para garantizar un flujo estable de energía, en medio de tensiones internacionales por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

Además, los mandatarios defendieron que “el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales”, una formulación que benefició políticamente a Putin, hoy bajo orden de arresto de la CPI.

¿Por qué la declaración no protege legalmente a Putin?

Aunque la postura común de Trump, Xi y Putin abrió una controversia política, especialistas y reportes citados por Reuters coinciden en que la declaración de Shenzhen no tiene efectos jurídicos sobre la causa abierta en la CPI.

La razón es que el documento no es una reforma del Estatuto de Roma, no es una sentencia y tampoco obliga a los jueces del tribunal. La Corte Penal Internacional mantiene vigente la orden emitida el 17 de marzo de 2023 contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, responsable rusa de los derechos de la infancia.

La Sala de Cuestiones Preliminares consideró entonces que existían motivos razonables para creer que ambos podían ser responsables de la deportación ilegal y el traslado ilegal de niños desde zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa.

La orden no implica una declaración de culpabilidad, pero sí permite que el procedimiento avance y que la persona investigada comparezca ante el tribunal. Moscú rechaza las acusaciones y sostiene que no reconoce la jurisdicción de la CPI, pero ese rechazo no elimina la orden mientras la propia Corte no decida modificarla.

¿Qué dice el Estatuto de Roma y por qué sigue pesando la orden?

El punto central está en el Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y en vigor desde 2002. Su artículo 27 establece que el cargo oficial de una persona, incluso si es jefe de Estado o de Gobierno, no la exime de responsabilidad penal ante la Corte.

Ese mismo artículo señala que las inmunidades o normas procesales especiales asociadas al cargo no impiden, por sí mismas, que la CPI ejerza su competencia. Al mismo tiempo, el artículo 98 regula dificultades relacionadas con la cooperación de los Estados cuando existen inmunidades de terceros países, lo que ha generado debates jurídicos en casos como el de Putin.

Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China son Estados parte de la CPI. Estados Unidos firmó el Estatuto en 2000, pero nunca lo ratificó; Rusia lo firmó y retiró su firma en 2016; China ni siquiera lo ha firmado. Aun así, eso no invalida automáticamente la jurisdicción del tribunal.

La CPI puede investigar crímenes cometidos en el territorio de un Estado que haya aceptado su jurisdicción. En este caso, Ucrania presentó declaraciones de aceptación antes de convertirse en Estado parte, lo que permitió al tribunal examinar presuntos crímenes cometidos en su territorio.

¿Qué cambia en la práctica para Putin tras la cumbre?

En términos políticos, la declaración de Shenzhen le dio a Putin una imagen de respaldo internacional al aparecer junto a Washington y Beijing, además de una frase útil contra la CPI. En términos legales, su situación no cambió.

La orden de detención sigue activa y sus efectos prácticos aparecen sobre todo cuando el presidente ruso viaja al extranjero. Los Estados parte del Estatuto de Roma tienen obligaciones de cooperación con la CPI, aunque la ejecución de esas obligaciones puede generar controversias. La Corte, además, no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que depende de los gobiernos para hacer cumplir sus órdenes.

Tras la cumbre, el secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó el papel “crucial” de la CPI. Su portavoz, Farhan Haq, declaró que el organismo considera a la Corte como uno de los órganos fundamentales para la justicia internacional en el mundo.

La reunión tampoco dejó anuncios sobre un alto el fuego en Ucrania ni en Irán, pese a que días antes Trump había dicho que hablarían de su “tema favorito, Ucrania”. Así, el mayor efecto inmediato de la cumbre fue diplomático: una señal política de tres potencias contra la justicia penal internacional, sin consecuencias directas sobre el expediente judicial que enfrenta Putin.

Fuente: Tribuna