Monterrey, Nuevo León. – La iniciativa planteada ante el Congreso del Estado contempla la modificación del artículo 191 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Con esta propuesta, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los municipios y los organismos constitucionalmente autónomos, quedarían obligados por mandato legal a colocar la imagen institucional correspondiente en todos sus bienes muebles, salvo aquellas excepciones específicas que la ley determine en función de la naturaleza de las funciones de seguridad o procuración de justicia.
La legislación estatal vigente no establece una obligación constitucional general que exija una identificación visible en los vehículos y equipos propiedad del erario o aquellos que son adquiridos mediante esquemas de arrendamiento con fondos públicos. Esta situación ha dejado la rotulación o el marcaje de los activos a criterio de las normativas administrativas internas de cada dependencia, lo que ha generado vacíos operativos en el control y en la fiscalización ciudadana de los recursos materiales del estado.
En la exposición de motivos presentada por la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Brenda Velázquez, se subraya la importancia de contar con inventarios transparentes y mecanismos de identificación accesibles para la población en general. El texto detalla que el inventario permite conocer con precisión qué bienes posee cada ente gubernamental, mientras que su identificación visible facilita que cualquier ciudadano reconozca dichos activos cuando operan fuera de las oficinas públicas, permitiendo advertir si su utilización corresponde a fines oficiales o si se desvía hacia actividades de índole particular.
La presentación de esta reforma ocurre en un escenario político marcado por la proximidad del proceso electoral de 2027. La iniciativa argumenta que dotar de absoluta claridad a la flota vehicular y a los bienes muebles del Estado constituye un mecanismo preventivo indispensable para inhibir el uso indebido de recursos públicos en campañas políticas o proselitismo partidista, garantizando así la equidad, la transparencia y la legalidad institucional de cara a los próximos comicios.
El documento legislativo enfatiza que un bien plenamente identificable inhibe su utilización para fines ajenos al servicio público. Esto no solo promueve una cultura de rendición de cuentas al interior de las dependencias gubernamentales, sino que también simplifica la presentación formal de denuncias ciudadanas ante las instancias correspondientes, aportando al mismo tiempo elementos objetivos y tangibles a los órganos internos de control para investigar y sancionar cualquier anomalía administrativa.
Para instrumentar estas disposiciones, la propuesta contempla plazos específicos de implementación una vez que el decreto sea aprobado por el pleno y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Se establece que los entes públicos contarán con un periodo de 90 días naturales para emitir los lineamientos técnicos necesarios, y un plazo de 180 días naturales para adecuar y rotular sus bienes conforme a las nuevas directrices constitucionales.
La iniciativa busca consolidar un marco normativo en el que la identificación obligatoria de vehículos y otros bienes oficiales se convierta en una exigencia de rango constitucional, suprimiendo la discrecionalidad de las dependencias y fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos estatales.
Propone Brenda Velázquez identificar vehículos oficiales en la Constitución de Nuevo León
Fuente: Tribuna